¿Hacia dónde vamos con la atracción de inversiones en minería?
Por Stevie Gamboa Valladares
El Gobierno Nacional ha reiterado su compromiso con la atracción de inversión extranjera directa, especialmente en sectores estratégicos como la minería, energía y petróleo. Sin embargo, cabe preguntarse si todos los actores estatales están realmente alineados con este objetivo o si, por el contrario, persisten inercias que amenazan con desacreditar los esfuerzos desplegados.
En este contexto, la Empresa Nacional Minera del Ecuador (ENAMI EP) emprendió desde el año 2023 un proceso para celebrar acuerdos comerciales destinados al desarrollo de proyectos de exploración minera. Producto de ello, se suscribieron acuerdos con Barrick International Ltd., la mayor productora de oro del mundo; Hanrine Ecuadorian Exploration and Mining S.A., subsidiaria de Hancock Prospecting, líder en producción de hierro en Australia; y Solaris Resources Inc., titular del proyecto de cobre de mayor escala en Ecuador con inversión canadiense. Sin embargo, pese a la magnitud de estos hitos, han pasado años sin que se materialicen las concesiones necesarias a favor de la estatal ecuatoriana.
Estos acuerdos no surgieron de decisiones improvisadas. Se apoyaron en una regulación específica creada por ENAMI EP para garantizar transparencia y seguridad jurídica. En ellos, las empresas de renombre internacional asumen la totalidad del riesgo, cumplen con la legislación ecuatoriana en los ámbitos ambiental, tributario y laboral, deben transferir conocimiento y asegurar beneficios económicos directos para fortalecer la autogestión de ENAMI EP. ¿Qué otra fórmula más favorable para el Estado podría haberse estructurado?
Asimismo, para viabilizar estos proyectos se realizaron ajustes relacionados al catastro minero y sus restricciones para nuevas concesiones a favor de privados impuesta injustificadamente desde 2018. La inversión total comprometida supera los 170 millones de dólares, cifra que en cualquier contexto regional debería ser motivo de respaldo institucional. Sin embargo, hoy vemos cómo, sin razones técnicas o jurídicas claras, se cuestiona públicamente lo actuado.
¿Quiénes están detrás de esta resistencia? No puede ignorarse que gran parte de las voces críticas provienen de sectores vinculados a la minería ilegal o de empresas que, habiendo tenido concesiones legítimas, no lograron desarrollar proyectos mineros en el país. ¿Es razonable permitir que esos intereses particulares bloqueen inversiones transparentes, concursadas y de alto potencial para el Ecuador?
Más grave aún, ¿por qué no se han entregado aún las concesiones a ENAMI EP para permitir que estas inversiones comiencen a ejecutarse? Esta omisión ya genera el riesgo de arbitrajes por incumplimientos contractuales con perjuicios directos a ENAMI EP y, en consecuencia, al propio Estado ecuatoriano. ¿Estamos preparados para asumir nuevamente esa responsabilidad?
Además, ¿somos conscientes del daño reputacional que estos actos causan? El deterioro en la seguridad jurídica y la falta de cumplimiento de compromisos afecta la posición del Ecuador en índices como el Fraser Institute Annual Survey of Mining Companies (en el que cada año seguimos cayendo), una referencia esencial para los inversionistas internacionales. Cada omisión o bloqueo innecesario cuesta credibilidad, inversión y oportunidades de empleo.
Por ello, corresponde preguntarse si los nuevos Viceministro de Minas y Gerente General de ENAMI EP —por ahora pendientes de designación— tendrán la capacidad de actuar de manera decidida y prioritaria. ¿Serán capaces de consolidar estos procesos estratégicos, o permitirán que los fantasmas políticos y económicos que sobrevuelan la Asamblea Nacional sigan frenando el desarrollo de un sector que el país necesita activar con urgencia?