Una “tasa” que se pone con inyección.

Por Stevie Gamboa Valladares

Llegué al mundo de la minería en el año 2012, sin saber lo que era una bocamina, sin imaginar siquiera el peso del lodo en las botas o la oscuridad absoluta de una galería subterránea. Fue un cliente —y amigo muy querido— quien me pidió apoyo legal en asuntos laborales. Al ver que no comprendía del todo su actividad, me invitó a conocerla de cerca. Así fue como pisé por primera vez una mina de pequeña escala en Ponce Enríquez. Esa visita no solo me marcó profesionalmente: me transformó. Desde entonces, he acompañado al sector en todas sus formas: artesanal, pequeña minería, mediana y gran escala, en exploración, desarrollo, operación y cierre.

He visto con mis propios ojos cómo la minería bien hecha puede generar empleo en los territorios más remotos, cómo activa las economías locales, cómo transforma la vida de miles de personas. He trabajado junto a mineros, ingenieros, geólogos, técnicos, trabajadores de superficie y socavón; he compartido con comunidades que hoy tienen acceso a servicios básicos, emprendimientos y formación académica gracias a la presencia ordenada de un proyecto minero. Recuerdo con especial aprecio a varios hermanos shuar que, tras vincularse a proyectos en la Amazonía, se han convertido en emprendedores, profesionales y líderes de sus comunidades.

Por eso me resulta particularmente preocupante —y hasta sospechoso— lo que hoy pretende hacer la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM): imponer una supuesta “tasa” a los titulares de derechos mineros, especialmente a las concesiones de gran escala en fase de exploración, que alcanzaría hasta el 100% de un salario básico unificado por hectárea. La minería es la actividad que más impuesto soporta de todas, es la única que paga impuestos cuando no está comercializando un producto o teniendo ganancias. Esta “tasa” representa un valor hasta quince veces superior al ya pagado anualmente por concepto de patente de conservación —y que es una de las más altas de la región—, lo que nos convertiría automáticamente en el país más caro del mundo para hacer exploración minera. Todo ello con base en una tabla -no publicada hasta la fecha- sin criterios técnicos, sin proporcionalidad, sin sustento jurídico y sin relación alguna con un servicio efectivo. Lo más grave: esta carga pretende obligar a muchas empresas a pagar decenas de millones anualmente, sin generar utilidad, sin extraer un gramo de oro, sin recibir nada a cambio.

Esa pretendida “tasa” no responde, como incluso se ha reconocido públicamente hoy, a ningún servicio prestado por la Agencia. Es un nuevo impuesto encubierto, disfrazado de legalidad, cuyo único destino sería incrementar un presupuesto proyectado en más de doscientos millones de dólares con los pagos de los concesionarios mineros formales —sí, los legales, no los delincuentes—, cuando ni siquiera los escasos dos millones que actualmente recibe la Agencia se ejecutan con eficiencia. Pretender que este mecanismo permitirá combatir la extracción ilícita es, además de ilusorio, profundamente cínico. Esta carga provocaría la salida inevitable de múltiples empresas que sí generan empleo, tributan y cuidan el territorio, dejando un campo abierto al verdadero flagelo del sector: la minería ilegal.

Resulta inaceptable que, mientras se asfixia a la minería formal con cargas injustificadas, desde los escritorios de instituciones estatales se permita —por omisión o complicidad— la exportación diaria de decenas de kilos de oro ilegal a través de empresas fantasmas, comercializadoras fraudulentas, concesiones inactivas o supuestos mineros artesanales de subsistencia que, por lo que declaran exportar, deberían, en teoría, ser multimillonarios. La verdadera lucha contra la minería ilegal empieza en el escritorio, no en la montaña ni en la selva, y empieza con voluntad institucional, no con simulaciones normativas que castigan precisamente al que hace bien las cosas.

Conozco la valía de la señora ministra de Energía y Minas y las buenas intenciones del actual viceministro. No tengo dudas de que esta iniciativa es producto de una mala interpretación de algún funcionario inexperto o de un desentendimiento de cómo funciona realmente el sector minero, no me atrevo a pensar que exista una agenda oculta en contra de la actividad minera formal, menos aún un ánimo expropiatorio en su contra.

Porque quienes estamos en el territorio —y no solo en el escritorio— sabemos por años lo que cuesta invertir y atraer inversión, sabemos lo que significa mantener presencia en zonas remotas y lo que arriesgamos, y sabemos lo que implica cumplir con cada norma, cada trámite y cada exigencia, por insólita que sea.

En el peligroso Ecuador en el que vivimos, cuando llegan a la puerta de tu empresa con amenazas a pedirte un pago recurrente, que es más alto que la inversión que planeaste hacer en todo el año, que es más alto que las utilidades de tu negocio en el ejercicio anterior o, incluso, que supera el valor de toda tu empresa, eso no es una contribución, eso tiene un solo nombre y se pone con inyección. Y ante eso, la única respuesta digna —y legítima— es la resistencia por convicción en defensa de un sector que lo merece.